SUBVENCIONES AL DESARROLLO RURAL

ANEXO I: Modelo de solicitud de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional

ANEXO II: Criterios de valoración

ANEXO III: Información y publicidad

MODIFICA:

Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural.

Real Decreto 425/2021, de 15 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la organización del Programa CULTIVA, relativo a estancias formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo, y se convocan las correspondientes al ejercicio 2021.

RESUMEN:

El presente real decreto tiene como objetivo modificar las bases reguladoras de diversas subvenciones en el ámbito del desarrollo rural, actualizando normas establecidas en los Reales Decretos 146/2019 y 425/2021. Estas subvenciones buscan promover el papel de las mujeres en el desarrollo rural y proporcionar oportunidades de formación a jóvenes agricultores a través del Programa CULTIVA. La modificación de estas bases pretende agilizar los procedimientos y mejorar la gestión de las ayudas, incluyendo ajustes en la justificación de gastos y la forma de pago, además de adecuarse a los nuevos reglamentos europeos sobre ayudas de minimis.

Uno de los principales cambios introducidos afecta a la aplicación de las ayudas de minimis, trasladando a las entidades beneficiarias la obligación de respetar los límites establecidos por la normativa comunitaria. Esta modificación responde a la dificultad que estas entidades enfrentaban para controlar que los beneficiarios de las jornadas cumplieran con los requisitos financieros establecidos por la normativa europea. Además, se introducen precisiones sobre los gastos subvencionables, como alojamiento y manutención, y se amplía el plazo para la presentación de solicitudes.

El real decreto también aborda modificaciones en las bases del Programa CULTIVA, como la incorporación del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas (SIEX) en la consulta de datos de los solicitantes, así como ajustes en la forma de pago a jóvenes agricultores y anfitriones, evitando la aplicación de retenciones de IRPF. Asimismo, se convoca la concesión de subvenciones para el año 2024, garantizando que las ayudas se gestionen de manera más eficiente y con mayor seguridad jurídica.

MAS INFORMACION

 Otras Normas relacionadas:   

Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo

Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre

Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013

Reglamento Delegado (UE) 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

TEXTO ORIGINAL
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BOE de 24 de julio de 2024

TEXTO ORIGINAL

I

La violencia contra las mujeres constituye una vulneración de sus derechos fundamentales y la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Ante ella, los poderes públicos tienen la obligación constitucional de garantizar las condiciones para que el derecho a la igualdad sea real y efectivo. Por ello, y para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es preciso el establecimiento de las medidas legales y de cualquier otra índole necesarias para garantizar la mejor asistencia y atención a las mujeres víctimas de violencia de género víctimas, en particular, a fin de asegurar su acceso a los servicios públicos desarrollados a este efecto.

El Real Decreto 246/2024, de 8 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece en el artículo 2 que corresponde a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, entre otras funciones, el seguimiento de la aplicación y desarrollo normativo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual; y el impulso y seguimiento del cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la puesta en marcha de las medidas necesarias para la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, en colaboración con las instituciones del Estado y administraciones públicas con competencias en la materia, y con las organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, el artículo 3 de la misma norma atribuye a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género proponer la política del Gobierno contra las distintas formas de violencia contra las mujeres e impulsar, coordinar y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia y, entre otras funciones, el impulso de la aplicación de la perspectiva de género en las medidas destinadas a luchar contra las formas de violencia contra las mujeres, velando para que, en su aplicación, se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de las víctimas y sus hijos e hijas menores de edad a su cargo, con especial atención a las diferentes necesidades bajo un enfoque interseccional.

En este sentido, el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el servicio de teleasistencia móvil a víctimas de violencia contra las mujeres (servicio ATENPRO), cuyo objetivo fundamental es que las víctimas se sientan seguras y acompañadas mientras dure el proceso para salir de la situación de violencia, facilitándoles el contacto con un entorno de seguridad y posibilitando la intervención inmediata con movilización, en su caso, de los recursos de atención que fuesen necesarios. El servicio ATENPRO les proporciona seguridad y tranquilidad, y les ofrece apoyo, información y asesoramiento, al tiempo que les garantiza la comunicación interpersonal ante cualquier necesidad relacionada con su situación de violencia de género las 24 horas del día, contribuyendo así a su recuperación.

Por otra parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación, constituida al amparo de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y declarada de utilidad pública por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, que agrupa a ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares.

El apartado cuarto de la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que las asociaciones de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación en todo el territorio ostentarán la representación institucional de la Administración local en sus relaciones con la Administración General del Estado.

Desde el año 2010, corresponde a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género la titularidad del entonces Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), encargándose de su gestión la FEMP. Esta gestión se ha articulado a través de la suscripción anual del correspondiente convenio por el que se canaliza una subvención nominativa a favor de la FEMP para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia contra las mujeres. Asimismo, ambas partes han aprobado el Protocolo de Actuación del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género, de fecha 27 de julio de 2012, por el cual se regula este servicio.

Actualmente, el servicio atiende a 18.802 usuarias activas, y desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2024 se han producido 4.473 nuevas altas. Estos datos evidencian la necesidad de garantizar la continuidad del servicio ATENPRO, tanto para mantener el servicio de atención y protección a las usuarias actuales como para procurar el acceso a este de las mujeres que puedan solicitarlo por cumplir los requisitos exigidos.

Concurren claras razones de interés público y social en garantizar el mantenimiento y la continuidad del servicio ATENPRO, al tratarse de un recurso indispensable para prestar atención y protección a las víctimas de violencia de género.

El servicio ATENPRO es un recurso de carácter social y su gestión requiere de la colaboración y participación de los servicios sociales de cada ayuntamiento, que deben emitir un informe que acredite la condición de víctima de violencia contra las mujeres de la potencial usuaria; comprobar que la persona usuaria o, en su caso, sus hijas e hijos, reúnen todos los requisitos de acceso señalados en el Protocolo de Actuación del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres firmado en 2023; así como valorar la idoneidad del servicio para cada caso concreto.

La FEMP, cuyo ámbito de actuación alcanza a más del 95 % de la población española en los más de 7.314 municipios, 39 diputaciones y 10 consejos y cabildos insulares que agrupa, es la entidad con mejor capacidad para llevar a cabo las tareas de enlace y conexión con las entidades locales, para asesorarlas sobre las condiciones para su adhesión al servicio ATENPRO, realizar y mantener actualizada una base de datos con todas las entidades locales adheridas al mismo, recabar información sobre el funcionamiento de las adheridas y las incidencias ordinarias del servicio; con las garantías exigibles y sin disrupciones. No existe otra federación con mayor implantación, y no resulta viable un procedimiento de subvenciones en concurrencia para todas y cada una de las entidades locales.

En suma, la FEMP resulta la única opción para alcanzar el objetivo de extender el uso y de dar a conocer el recurso del servicio ATENPRO al mayor número posible de potenciales usuarias, pues constituye la federación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación y ostenta la representación institucional de la Administración local en sus relaciones con la Administración General del Estado.

Por ello, y ante la necesidad de garantizar la máxima seguridad posible en la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia, con el fin de impedir los eventuales efectos perjudiciales que pudieran concurrir ante una situación como la presente con respecto de actividades en las que existiría una razonable expectativa de mantenimiento de esta atención y protección, y atendiendo a la importancia capital de estas medidas para la aplicación de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres del departamento, se estima que concurren circunstancias excepcionales que acreditan razones de interés público y social para su aprobación como subvención de concesión directa prevista en el artículo 22.2.c) y 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

II

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del Ministro o Ministra competente.

Asimismo, la subvención contemplada en este real decreto se incardina en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Igualdad 2024-26, dentro del eje 1: «Prevención integral de la violencia contra las mujeres», como objetivo estratégico «Mejora de la respuesta institucional, coordinación y trabajo en red con el fin de garantizar a las mujeres el efectivo ejercicio de sus derechos».

Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, la norma se justifica en la conveniencia para el interés general de garantizar la adecuada asistencia y atención a las víctimas de violencia contra las mujeres, para lo cual representa el instrumento más adecuado. La norma es proporcionada al fin perseguido, y la iniciativa contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a tratar, pues no comporta la restricción de derechos y las obligaciones que se imponen a la entidad beneficiaria son necesarias y proporcionadas a los fines de la norma. Asimismo, se atiene al principio de seguridad jurídica, pues resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Cumple también con el principio de transparencia, dado que la norma y su memoria resultarán accesibles para la ciudadanía. Asimismo, la norma define claramente sus objetivos y explica su contexto y propósitos. Finalmente, la norma se ajusta al principio de eficiencia en cuanto no introduce cargas administrativas innecesarias o accesorias para su destinataria.

Con fecha 28 de mayo de 2024 el Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia contra las mujeres (servicio ATENPRO).

La competencia para aprobar el real decreto se ampara en los apartados 1.ª y 29.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la «regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales» y la «seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica», respectivamente.

En la tramitación de este real decreto se ha recabado el informe preceptivo del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el informe del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.5, párrafo sexto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Igualdad, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de julio de 2024,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y finalidad.

Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público y social, de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley, para la prestación del servicio de teleasistencia móvil a víctimas de violencia contra las mujeres (servicio ATENPRO) en cualquiera de sus formas previstas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia).

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.

Esta subvención se regirá, además de por lo dispuesto en este real decreto y en la resolución de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de la subvención se celebren contratos que deban someterse a dicha ley; y demás normas que resulten de aplicación.

Artículo 3. Actuaciones a financiar y gastos subvencionables.

1. A la FEMP se le encomiendan las siguientes actuaciones:

a) Gestionar el servicio de teleasistencia móvil a víctimas de violencia contra las mujeres (servicio ATENPRO), garantizando la mejor calidad del servicio y en las mejores condiciones económicas a través de su licitación pública, de conformidad con la legislación aplicable y el Protocolo de Actuación del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres, en los términos y condiciones que se determinen por el Ministerio de Igualdad.

b) Asesorar a las entidades locales sobre las condiciones para su adhesión al servicio ATENPRO.

c) Realizar y mantener actualizada una base de datos con todas las entidades locales adheridas al servicio ATENPRO.

d) Asesorar a las entidades locales sobre las condiciones y requisitos exigibles a las personas usuarias para acceder al servicio ATENPRO y las condiciones y requisitos exigibles para el mantenimiento del mismo.

e) Recabar información de las entidades locales adheridas sobre el funcionamiento y las incidencias ordinarias del servicio ATENPRO.

f) Informar al Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con una periodicidad mensual, del funcionamiento y de las incidencias ordinarias del servicio ATENPRO.

g) Realizar auditorías de calidad del servicio ATENPRO con la finalidad de evaluar el conjunto de requisitos de calidad y nivel de servicio.

h) Remitir al Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con periodicidad mensual, en los términos y con las previsiones que ordena la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, un fichero informático de microdatos con finalidad estadística que, para cada una de las personas usuarias, contenga como mínimo los siguientes datos: sexo, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, tipo de violencia sufrida, localidad y provincia de residencia, número de hijas e hijos y cuántos de ellos son menores con indicación de la fecha de nacimiento, discapacidad y tipo de discapacidad, nivel de estudios, situación laboral, tipología de la inclusión en el servicio, tipo de relación con la persona agresora, situación en el servicio, medidas de protección acordadas. Por lo que se refiere a la persona agresora, se remitirá un fichero que contenga como mínimo los siguientes datos: sexo, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, localidad y provincia de residencia, discapacidad y tipo de discapacidad, nivel de estudios, situación laboral, tipo de relación con la víctima. En cuanto a las características del servicio, se remitirán como mínimo datos relativos a: número de llamadas de alarmas recibidas desagregadas por fecha, motivos y días de la semana; número de llamadas emitidas desagregadas por fecha, motivos y días de la semana. Dichos ficheros no contendrán datos identificativos ni de las personas usuarias ni de las agresoras.

i) Facilitar la información que permita el seguimiento y el control de la calidad del servicio ATENPRO por el Ministerio de Igualdad.

j) Facilitar la información que permita el seguimiento del Protocolo de Actuación del servicio ATENPRO que ha de regir los aspectos técnicos del servicio por el Ministerio de Igualdad.

k) Colaborar en las labores de divulgación del servicio ATENPRO para conocimiento de las entidades locales interesadas y de las posibles personas usuarias.

l) La realización de actividades formativas y de actualización sobre el servicio ATENPRO de manera continuada para profesionales de los municipios y de las entidades locales adheridas, en diferentes partes del territorio nacional español, para asegurar el acceso a ellas en todo el territorio nacional donde se presta el servicio ATENPRO.

2. Se consideran gastos subvencionables los siguientes:

a) Los costes directos que se deriven del objeto de la subvención. En el caso de que incluyan gastos de personal de la entidad beneficiaria, los importes de las retribuciones no podrán exceder de los importes establecidos para las correspondientes categorías del convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, o bien del convenio colectivo del sector correspondiente, si estas fueran superiores.

b) Costes indirectos: compra de material, fotocopias, correo, teléfono, luz, agua, combustible, mantenimiento, seguridad, limpieza relacionados con el local donde éstas se realizan y otros costes indirectos vinculados a la ejecución de las actividades objeto de la subvención. El importe total por este concepto no deberá superar el 20 % del importe total de la subvención. En ningún caso serán subvencionables los gastos de los bienes inventariables.

Artículo 4. Subcontratación.

La entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta un 98,4 por 100 del importe de las actividades subvencionadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 68 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 5. Entidad beneficiaria y personas destinatarias de la subvención.

1. Será beneficiaria de esta subvención la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

2. Serán destinatarias de las actuaciones del servicio ATENPRO todas aquellas personas que así se definan en los términos del Protocolo de Actuación del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas previstas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia).

Artículo 6. Cuantía de la subvención y financiación.

La cuantía total de la subvención prevista ascenderá a ocho millones doscientos mil euros (8.200.000 euros).

Artículo 7. Compatibilidad de la subvención.

1. Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier Administración pública, de otros entes públicos o privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales, que obtenga la entidad beneficiaria para la misma o similar finalidad.

La FEMP deberá comunicar al Ministerio Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la obtención de los recursos citados.

2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 8. Procedimiento de concesión.

1. Se autoriza la concesión directa de esta subvención en aplicación de lo previsto en los artículos 22.2.c) y 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por concurrir razones de interés público y social para la prestación del servicio ATENPRO para el año 2024, evitando la interrupción del servicio.

2. El procedimiento de concesión de la subvención se iniciará a solicitud de la entidad beneficiaria. La solicitud deberá presentarse en el plazo máximo de diez días hábiles desde la entrada en vigor de este real decreto a través de medios electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Igualdad, mediante el formulario habilitado al efecto y al que deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Una declaración responsable de la entidad solicitante de no ser deudora de obligaciones por reintegro de subvenciones y de no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

b) La FEMP podrá autorizar al órgano instructor para consultar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano instructor obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado Reglamento.

Si el escrito de solicitud no reuniera los datos de identificación o adoleciera de cualesquiera otros defectos susceptibles de subsanación se requerirá a la entidad solicitante, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá dictarse en los términos establecidos en el artículo 21 de la citada ley.

La falta de presentación de la solicitud en el plazo establecido determinará la pérdida del derecho al cobro de la subvención.

3. La persona titular de la Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia contra las Mujeres de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género actuará como órgano instructor del procedimiento, correspondiéndole comprobar los datos en virtud de los cuales deba formular la propuesta de resolución.

4. La concesión de la subvención se efectuará por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de dos meses desde la presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a la entidad interesada para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Artículo 9. Pago de la subvención.

1. El pago de la subvención se efectuará con carácter anticipado para la financiación de las actuaciones referidas en el artículo 3, de conformidad con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía. Con carácter previo al cobro de la subvención, deberá constar acreditado en el expediente que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de no ser deudora por procedimiento de reintegro.

El Ministerio de Igualdad desembolsará los fondos una vez que la entidad beneficiaria presente un informe de planificación de actuaciones y presupuesto económico detallado de las mismas para la utilización de la subvención, con desglose de los gastos directos e indirectos, y sean validados por la persona titular de la Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia contra las Mujeres, de acuerdo con lo previsto en la resolución de concesión. El presupuesto presentado para la actividad servirá de referencia para la determinación final del importe de la subvención.

2. El pago del importe de la subvención se efectuará en dos periodos semestrales vencidos, agosto y diciembre, con la finalidad de ajustar el desembolso de la subvención al ritmo de ejecución de las actuaciones y al coste real de las mismas, excepto el abono de las mensualidades transcurridas hasta la fecha de publicación de la resolución de concesión y la mensualidad correspondiente al mes de diciembre de 2024.

Las mensualidades transcurridas hasta la fecha de publicación de la resolución de concesión se librarán y harán efectivas, de una sola vez, previa certificación única por el Secretario General de la FEMP de los gastos surgidos desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha de publicación de la resolución, tan pronto se haya efectuado la formalización del mismo.

El pago correspondiente al mes de diciembre de 2024 se realizará en la primera quincena del mes, por el importe de la estimación de gastos del mes de diciembre certificado por la Secretaría General de la FEMP.

A los efectos de los restantes pagos, tras la publicación de la resolución de concesión la Secretaría General de la FEMP emitirá un certificado semestral sobre los gastos necesarios y efectivamente realizados en ejecución de las actuaciones subvencionables, cuyo importe acumulado servirá de base para ajustar los pagos al coste real de las actuaciones, de tal forma que el total abonado se ajuste lo más posible al total imputado al desarrollo de las actuaciones establecidas en la resolución de concesión.

Las certificaciones de gastos semestrales se presentarán ante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dentro de los quince días naturales siguientes al periodo de gastos que se certifica, salvo la que corresponde a la mensualidad de diciembre, que deberá presentarse dentro de los diez días naturales primeros del mes.

Artículo 10. Obligaciones de la entidad beneficiaria.

1. La FEMP, como entidad beneficiaria de la subvención, estará sujeta a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Asimismo, la FEMP deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Ejecutar las actuaciones para las que se concede la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de las actuaciones y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Disponer de los estados contables y registros específicos exigidos por la correspondiente legislación aplicable a la FEMP, como entidad beneficiaria.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de la subvención recibida, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

g) Adoptar las oportunas medidas de difusión del carácter público de la financiación de las actuaciones objeto de la subvención. La financiación de las actuaciones subvencionadas por la Administración General del Estado se pondrá de manifiesto con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.

h) Proceder al reintegro de la subvención percibida en los supuestos de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para su concesión.

Artículo 11. Justificación.

1. La FEMP asume el cumplimiento de las obligaciones que, para las entidades beneficiarias de subvenciones, se establecen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en el artículo 30 de la misma ley relativas a la justificación de las subvenciones públicas.

2. La subvención concedida a la FEMP para la realización de las actuaciones señaladas en el artículo 3 se destinará a financiar, según se recoge en el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, efectivamente realizados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 y efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación establecido.

3. La FEMP justificará el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en este real decreto adoptando la modalidad de cuenta justificativa, siguiendo las direcciones de la guía de justificación que se elabore a tal fin, con aportación de justificantes de gasto, de acuerdo con los artículos 69, 72 y 73 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación, que la FEMP entregará identificada con su propio logotipo en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de las actuaciones:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:

1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.

2.º Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.

3.º Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

4.º Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales o indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado 1.º

5.º Indicación del procedimiento seguido para llevar a cabo la contratación y la subcontratación, teniendo en cuenta el carácter de poder adjudicador de la Federación Española de Municipios y Provincias, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Artículo 12. Seguimiento de las ayudas.

El seguimiento de las ayudas se llevará a cabo por la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV del título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el título II de su Reglamento.

Artículo 13. Incumplimientos y reintegros.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título II de su Reglamento.

3. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida es la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

4. La devolución a iniciativa del perceptor, sin el previo requerimiento de la Administración, de los remanentes sin ejecutar de la subvención, dando como resultado la realización de todas las actividades previstas en la resolución de concesión a un menor coste del previsto, se realizará en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o Delegación Provincial de Hacienda correspondiente, previa solicitud de expedición al órgano concedente de la subvención, de la correspondiente carta de pago. A tal efecto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

Formarán parte del referido remanente el total de los rendimientos financieros devengados desde el momento del ingreso.

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, en atención al grado de ejecución temporal.

En caso de que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de cualquier Administración o ente público y privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha de finalización del plazo establecido para el desarrollo del objeto de la subvención hasta que se produzca la devolución efectiva de la cuantía de la subvención que supere el coste de la actividad subvencionada, conforme a los términos del artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 14. Régimen sancionador.

Las infracciones en materia de subvenciones que eventualmente se cometan se sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su Reglamento.

Artículo 15. Protección de datos personales.

La FEMP observará en sus actuaciones lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y la normativa aplicable en esta materia en la ejecución de lo previsto en este real decreto.

Artículo 16. Publicación en la Base Nacional de Datos de Subvenciones.

La información sobre la subvención concedida al amparo de este real decreto se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 20.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

Disposición final primera. Títulos competenciales.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, 1.ª y 29.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y sobre la seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica, respectivamente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma, el 23 de julio de 2024.

FELIPE R.

La Ministra de Igualdad,

ANA MARÍA DEL CARMEN REDONDO GARCÍA

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Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar y su texto íntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

BOE de 28 de junio de 2024

TEXTO ORIGINAL

A las empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones vinculantes establecidas en las resoluciones de concesión de las subvenciones, se les instruyeron los oportunos expedientes de incumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de los incentivos regionales de desarrollo de la Ley 50/1985, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.

En la instrucción de los expedientes se han observado las formalidades legales, habiéndose concedido a las empresas afectadas los plazos preceptivos para el cumplimiento de los trámites de formulación de alegaciones y de audiencia previstos en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 45 del Reglamento de los incentivos regionales citado.

De las actuaciones resulta probado que los titulares de las subvenciones no han acreditado haber cumplido en tiempo y forma las obligaciones que contrajeron en la aceptación de las condiciones de los incentivos.

Este Ministerio, al amparo de lo dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; el Reglamento de los incentivos regionales aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio; la Ley 39/2015, de 1 de octubre; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y demás disposiciones de aplicación, así como los informes de la Subdirección General de Inspección y Control, tiene a bien disponer:

Artículo único. Se declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales otorgados a las Empresas relacionadas en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica el importe de las subvenciones concedidas en proporción al alcance del incumplimiento según se detalla en el anexo, debiéndose publicar la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, todo ello sin perjuicio de efectuar la notificación de la misma a los interesados, a la que se adjuntará copia del informe-propuesta que ha servido de base para la declaración de cada incumplimiento.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.

Madrid, 11 de junio de 2024.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, P. D. (Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda Romero.

ANEXO

A la orden de declaración de incumplimiento de condiciones en expedientes de concesión de incentivos regionales

Relación de empresas afectadas

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BOE de 19 de junio de 2024

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), tiene por objeto establecer la normativa básica reguladora de la condicionalidad de la PAC.

En el anexo II del citado real decreto se desarrollan las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la tierra (BCAM), una vez que las mismas quedaron definidas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/2115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) núm. 1305/2013 y (UE) núm. 1307/2013.

Una vez concluido el primer año de aplicación del Plan Estratégico de la PAC es necesario realizar determinados ajustes para garantizar la aplicación efectiva del Plan y reducir la carga administrativa de su gestión. Por este motivo, se ha adoptado el Reglamento (UE) 2024/1468 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2021/2115 y (UE) 2021/2116, en lo que respecta a las normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales, los regímenes en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal, las modificaciones de los planes estratégicos de la PAC, la revisión de los planes estratégicos de la PAC y las exenciones de controles y sanciones.

El presente real decreto modifica los artículos 5, 8, 14 y 17 bis del Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, en los que, básicamente, se contempla la excepción de controles y penalizaciones a las explotaciones iguales o inferiores a 10 hectáreas y se amplían las posibilidades de que la autoridad competente autorice excepciones de la BCAM 5.

Asimismo, y a la vista de la experiencia adquirida y el nuevo marco normativo, se hace necesario adaptar el diseño de las BCAM 5 (Gestión de la labranza), 6 (Cobertura mínima del suelo) y 7 (Rotación en tierras de cultivo) para tener en cuenta determinados factores que afectaban a su cumplimiento por parte de los agricultores.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/2115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, se ha modificado la BCAM 7 para contemplar la posibilidad de que pueda cumplirse mediante una diversificación anual de cultivos a partir del 1 de enero de 2024, y se ha adaptado la práctica de rotación de cultivos para que pueda constituirse como una opción válida para las Solicitudes Únicas a partir de 2025. Del mismo modo, se prevé, consecuencia del reglamento, que los agricultores que reciben ayudas de desarrollo rural del anterior periodo de programación (en que no existía, además, condicionalidad social) y de la nueva PAC no tengan que cumplir simultáneamente con la condicionalidad antigua y con la nueva condicionalidad reforzada, con el fin de asegurar su correcta aplicación, incluyendo el propio control de las autoridades responsables. Esta medida afecta exclusivamente de la condicionalidad medioambiental, sin afectar a los aspectos sociales.

Por otro lado, se elimina la actual obligación de dejar un porcentaje de superficies y elementos no productivos de la BCAM 8 conforme a lo establecido por el Reglamento (UE) 2024/1468, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, teniendo en cuenta que existe un ecorrégimen que fomenta el establecimiento de estas superficies.

Por lo demás, el Real Decreto 408/2024, de 23 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1055/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria, incorporó una nueva disposición transitoria en el Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, al objeto de proceder a la ampliación de plazo de presentación de la solicitud única, y, por coherencia con dicha ampliación, también se prorrogó el plazo de presentación de la modificación de la citada solicitud, modificación que afecta en exclusiva al ámbito de la eficacia de dicha norma, sin alterar su contenido sustantivo. Consecuencia de tal modificación, y en atención a la evolución normativa seguida este año en materia de PAC con la reciente aprobación del Reglamento (UE) 2024/1468, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2021/2115 y (UE) 2021/2116, en lo que respecta a las normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales, los regímenes en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal, las modificaciones de los planes estratégicos de la PAC, la revisión de los planes estratégicos de la PAC y las exenciones de controles y sanciones, procede incorporar una regla especial para el presente ejercicio, de modo que no se apliquen las penalizaciones que de ordinario se prevén en la normativa durante el periodo previsto en el artículo 108.

En cuanto a su entrada en vigor, procede señalar que la presente norma entrará en vigor el día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que algunas de sus modificaciones vayan a surtir efectos a partir de fechas anteriores, habida cuenta de que dichos apartados no tienen efectos restrictivos para los derechos de los destinatarios de la norma, lo que permite proyectar, conforme indica el reglamento, su eficacia de forma retroactiva. Del mismo modo, en los casos en que sea necesario conforme a la redacción actual del Plan Estratégico de la PAC incorporar modificaciones expresas en el mismo para asegurar la concordancia entre ambos instrumentos, conforme al procedimiento reglado, la propia aplicación de dichas modificaciones tendrá en cuenta los términos en que se modifique el Plan, siguiendo los procedimientos que regulan su elaboración y modificación, acomodándose ambos procedimientos con respecto de la entrada en vigor prevista para este real decreto y el sistema de transitoriedades incorporado a la norma.

En la elaboración de esta norma se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se justifica el proyecto en la necesidad de una mejor implantación de la normativa de la Unión Europea en España, siendo esta norma el instrumento más adecuado para garantizar su consecución, al ser preceptivo que la regulación se contemple en una norma básica. Asimismo, se cumple con el principio de proporcionalidad ya que la finalidad principal es introducir medidas para reducir las obligaciones y cargas de las pequeñas explotaciones y para limitar la regulación al mínimo imprescindible para reducir la intensidad normativa. Por su parte, el principio de seguridad jurídica queda garantizado al establecerse en una disposición general las nuevas previsiones en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. A su vez, en aplicación del principio de transparencia han sido consultadas durante la tramitación de la norma las comunidades autónomas, las entidades representativas de los sectores afectados, y se ha sustanciado el trámite de audiencia e información pública. Finalmente, el principio de eficiencia se considera cumplido toda vez que incluye una reducción de cargas administrativas frente a la regulación actual.

En la elaboración de esta disposición se consultó a las comunidades autónomas y a las entidades representativas de los sectores implicados y se ha sometido a consideración del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de junio de 2024,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).

El Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), queda modificado como sigue:

Uno. El primer párrafo del artículo 5 queda redactado de la siguiente manera:

«Las comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a la Administración General del Estado, establecerán un sistema de control de la condicionalidad reforzada con el fin de comprobar que las personas beneficiarias de las ayudas que figuran en el artículo 1 y cuya explotación es superior a las 10 hectáreas de superficie agraria declarada, cumplan las obligaciones establecidas en los anexos I y II.»

Dos. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado de la siguiente manera:

«1. Para la realización de los controles sobre el terreno indicados en el artículo 6, se seleccionará una muestra de control que abarcará al menos el 1 % de las personas beneficiarias de ayudas, y que estén sujetas a controles de acuerdo con el artículo 5.

La muestra de control estará basada en un análisis de riesgos que tenga en cuenta la estructura de la explotación, el riesgo inherente de incumplimiento y, cuando proceda, la participación de las personas beneficiarias de las ayudas en los servicios de asesoramiento a las explotaciones a que se refiere el artículo 15 del Reglamento (UE) núm. 2021/2115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, debiéndose aplicar factores de ponderación a dichos elementos, incluyéndose un elemento aleatorio.»

Tres. El apartado 3 del artículo 8 queda redactado de la siguiente manera:

«3. Con el fin de garantizar la representatividad de la muestra de control a la que hace referencia el apartado 1, se realizará en primer lugar una selección aleatoria de las personas beneficiarias de ayudas que se someten a controles sobre el terreno, de modo que esta selección aleatoria suponga entre el 20 y el 25 % de los beneficiarios objeto de control, siendo seleccionados el resto sobre la base de un análisis de riesgos. No obstante, si el número de personas beneficiarias de ayudas que vayan a ser objeto de un control sobre el terreno superase el porcentaje mínimo indicado en el apartado 1, el porcentaje de personas beneficiarias seleccionadas aleatoriamente en la muestra adicional no superará el 25 %.»

Cuatro. A continuación del primer párrafo del apartado 1 del artículo 14, se añade el siguiente párrafo:

«No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se aplicarán penalizaciones a las personas beneficiarias cuya explotación sea igual o inferior a las 10 hectáreas de superficie agraria declarada.»

Cinco. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 17 bis queda redactado del siguiente modo:

«1. En el caso de plantaciones de cultivos leñosos que estuvieran implantadas antes del 1 de enero de 2023, cuyo marco de plantación, sistema de riego o sistema de conducción no permita labrar transversalmente a la dirección de máxima pendiente, la autoridad competente podrá permitir excepcionalmente, mediante una autorización individualizada, cuando no exista otra alternativa y no conlleve riesgo de erosión, algún tipo de labor vertical en dicha dirección, debiendo quedar todo ello debidamente justificado. Esta autorización podrá aplicarse en las campañas sucesivas si se mantienen las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento. Se entiende por laboreo vertical el sistema en el que el arado no invierte la tierra.»

Seis. Se añade la siguiente disposición transitoria:

«Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio para los beneficiarios de las ayudas incluidas en los programas para el desarrollo rural en virtud del Reglamento (UE) núm. 1305/2013.

Los beneficiarios de las antiguas medidas de los programas de desarrollo rural que reciban pagos sobre la base del apartado 1, letras a) y b) del artículo 21, artículos 28, 29, 30, 31, 33 y 34 en virtud del Reglamento (UE) núm. 1305/2013, y que soliciten a la vez alguna de las ayudas de las intervenciones del Plan estratégico de la PAC, únicamente deberán cumplir con las obligaciones de la condicionalidad reforzada, sin perjuicio de las obligaciones en materia de la condicionalidad social que les correspondan.»

Siete. Se añade la siguiente disposición transitoria:

«Disposición transitoria quinta. Operaciones de labranza de la BCAM 5 para la Solicitud Única de 2025.

A partir del 1 de septiembre de 2024, y para las nuevas exenciones a la BCAM 5 que entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, se podrán llevar a cabo las labores previstas en la en la dirección a la máxima pendiente en las parcelas siempre y cuando sean operaciones necesarias para los cultivos que se declararán en la solicitud única de 2025.»

Ocho. El epígrafe BCAM 5 del apartado 3 del anexo II queda redactada del siguiente modo:

«BCAM 5. Gestión de la labranza, reduciendo el riesgo de degradación y erosión del suelo, lo que incluye tener en cuenta la inclinación de la pendiente.

Se establece la siguiente obligación:

Que en las superficies que se destinen a cultivos herbáceos o cultivos leñosos, no se labre la tierra en la dirección a la máxima pendiente cuando, en los recintos cultivados, la pendiente media sea mayor o igual al 10 %, salvo que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales. En caso de existencia de bancales, será obligatorio evitar cualquier tipo de labores que afecten a la estructura de los taludes existentes.

Quedan exentas del cumplimiento de esta BCAM 5, las parcelas de cultivos herbáceos y leñosos con una superficie igual o inferior a una hectárea, así como las parcelas de cultivos leñosos irregulares o alargadas cuya dimensión mínima en el sentido transversal a la pendiente sea inferior a 100 metros en cualquier punto de la parcela.

En el caso de plantaciones de cultivos leñosos que estuvieran implantadas antes del 1 de enero de 2023, se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 17 bis. Las autoridades competentes llevarán a cabo un seguimiento de todas las excepciones que autoricen, y en el caso de las autorizaciones colectivas para superficies de viñedo se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 17 bis.

Asimismo, como excepción a la BCAM se permite la práctica del aserpiado y el intercepas en las superficies de viñedo, al ser prácticas tradicionales acordes con el objetivo de esta BCAM.

Además, las comunidades autónomas podrán autorizar labrar en la dirección de máxima pendiente cuando el labrar transversalmente pueda suponer un riesgo de vuelco de la maquinaria y por ende de la vida de los operarios.

Se entiende por pendiente media de un recinto SIGPAC la inclinación media del terreno comprendido en los límites de un recinto, expresada en tanto por ciento y calculada con base en el Modelo Digital de Elevaciones perteneciente a la Información Geoespacial de Referencia del Instituto Geográfico Nacional siguiendo el método de análisis de celdas vecinas.»

Nueve. En el epígrafe BCAM 6 del apartado 3 del anexo II se suprime el segundo párrafo del tercer guion, «Tierras de barbecho»; y se modifican el primer guion, «Cultivos herbáceos», y el primer párrafo del segundo guion, «Cultivos leñosos», quedando redactados de la siguiente manera:

«– Cultivos herbáceos.

En las parcelas agrícolas que se siembren con cultivos herbáceos de invierno que dejen rastrojo o restos de cosecha no se labrará el suelo con volteo ni se realizarán labores profundas entre la fecha de recolección de la cosecha y el 1 de septiembre, fecha que se establece como referencia del inicio de la presiembra. Se permitirá la realización de la práctica de abonado en verde sobre estas superficies.

El suelo deberá mantenerse cubierto permanentemente salvo el tiempo imprescindible entre el levantamiento del rastrojo de la cosecha anterior y la siembra, teniendo en cuenta las características del cultivo siguiente.

No obstante, las comunidades autónomas podrán adaptar la fecha establecida en el primer párrafo en ciertas zonas a sus condiciones climáticas locales, con vistas a mantener durante el mayor periodo posible una cubierta vegetal.

Se entiende por labrar la tierra con volteo, invertir la tierra de la capa más superficial del suelo cultivado con el auxilio de arados, poniendo una parte de la tierra de un estrato inferior en un estrato superior. Se consideran labores con volteo las realizadas, entre otros, con arado de cohecho, vernetes, arados de vertedera y arados de discos de desfonde.»

«– Cultivos leñosos.

En el caso de cultivos leñosos en pendiente igual o superior al 10 %, salvo que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales, será necesario mantener una cubierta vegetal que podrá ser sembrada, espontánea o inerte, de anchura mínima de 1 metro en las calles transversales a la línea de máxima pendiente o en las calles paralelas a dicha línea, cuando el diseño de la parcela o el sistema de riego impidan su establecimiento en la otra dirección, entre los meses de octubre a marzo, ambos incluidos. Este periodo podrá ser ajustado por las autoridades competentes de las comunidades autónomas en función de las condiciones locales, y sin que el mismo pueda ser inferior a cuatro meses consecutivos entre los meses de octubre a marzo.»

Diez. El epígrafe BCAM 7 del apartado 3 del anexo II queda redactado de la siguiente manera:

«BCAM 7. Rotación en tierras de cultivo, excepto en cultivos bajo agua.

Los beneficiarios podrán elegir aplicar en sus tierras de cultivo una de las dos siguientes prácticas para poder cumplir con la BCAM:

Práctica 1: Rotación de cultivos.

Para dar cumplimiento con esta práctica de rotación de cultivos, las tierras de cultivo de la explotación deberán cumplir las siguientes obligaciones:

Anualmente, al menos el 33 % de la superficie de las tierras de cultivo de la explotación presente un cultivo principal diferente con respecto al declarado el año anterior, excepto en el caso de las parcelas cultivadas con cultivos plurianuales y cultivos bajo agua.

Todas las parcelas de la explotación agrícola tendrán que cambiar de cultivo al menos una vez cada tres años, debiendo quienes se acojan a esta práctica de rotación cumplir con la misma durante tres años consecutivos.

Cuando exista un cultivo secundario en el mismo año que el cultivo principal, éste se considerará parte de la rotación, sin que se puedan utilizar las tierras en barbecho en estos casos. El cultivo secundario es el que se realiza entre dos cultivos principales, dando lugar a una pausa significativa entre los principales. En el caso de que se utilice el cultivo secundario como justificación a la rotación de cultivos, será necesario llevarlo a cabo durante tres años consecutivos. Se considerará cultivo principal aquél que se encuentre en la parcela entre los meses de mayo a julio, periodo que puede ser ajustado por las comunidades autónomas en función de las condiciones agroclimáticas de la región.

Práctica 2: Diversificación de cultivos.

Para dar cumplimiento con esta práctica de diversificación anual de cultivos, las tierras de cultivo de la explotación deberán:

a) Si la tierra de cultivo de la explotación es superior a 10 hectáreas e igual o inferior a 30 hectáreas, se deben cultivar, al menos, dos cultivos diferentes sin que el mayoritario suponga más del 75 % de dicha tierra de cultivo.

b) Si la tierra de cultivo de la explotación es superior a las 30 hectáreas, debe haber, al menos, tres cultivos diferentes, sin que el mayoritario suponga más del 75 % de dicha tierra de cultivo y los dos cultivos mayoritarios juntos no podrán ocupar más del 95 % de la misma.

Otros aspectos relativos a la BCAM 7.

A efectos del cumplimiento de esta BCAM, se entenderá por cultivo cualquiera de las siguientes acepciones:

– el cultivo de cualquiera de los diferentes géneros definidos en la clasificación botánica de cultivos;

– el cultivo de cualquiera de las especies, en el caso de las familias botánicas Brassicaceae, Solanaceae y Cucurbitacea y en el caso del género Vicia;

– la tierra en barbecho;

– la hierba u otros forrajes herbáceos.

En el caso de superficies con cultivos mixtos en hileras, cada cultivo se contabilizará como un cultivo distinto si representa, al menos, el 25 % de dicha superficie. En tal caso, la superficie cubierta por cada cultivo se calculará dividiendo la superficie total dedicada al cultivo mixto por el número de cultivos presentes que cubran, como mínimo, el 25 % de dicha superficie, con independencia de la proporción real de cada cultivo.

Las superficies que se siembren con una mezcla de semillas se consideran cubiertas por un solo cultivo denominado cultivo mixto. No obstante, cuando la composición de la mezcla se pueda determinar y diferenciar de otras mezclas, el cultivo mixto se podrá considerar como un cultivo distinto de los demás cultivos mixtos.

No obstante, quedan exentas del cumplimiento de la BCAM las explotaciones:

a) En las que más del 75 % de las tierras de cultivo se utilice para producir hierbas u otros forrajes herbáceos, se utilice para el cultivo de leguminosas, sea tierras en barbecho o esté sujeto a una combinación de esos usos.

b) En las que más del 75 % de la superficie agrícola admisible sean pastos permanentes, se utilice para producir hierbas u otros forrajes herbáceos o para cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo, o esté sujeto a una combinación de estos usos.

c) En las que la superficie de tierra cultivable es inferior o igual a 10 hectáreas.

d) Las certificadas de acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 2018/848, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos.

e) Las tierras de cultivo de las explotaciones situadas en la Comunidad Autónoma de Canarias desde el 1 de enero de 2025.»

Once. En el epígrafe BCAM 8 del apartado 4 del anexo II, se suprime el apartado 1, «Porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no productivos.», y el título de la BCAM 8 queda redactado como sigue:

«BCAM 8. Mantenimiento de los elementos del paisaje, prohibición de cortar setos y árboles durante la temporada de cría y reproducción de las aves.»

Disposición final primera. Modificación de Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.

Se incorpora un nuevo apartado 3 a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control, con el siguiente contenido:

«3. No obstante lo dispuesto en el artículo 108.3, para el año 2024 se admitirán solicitudes de ayuda, solicitudes de asignación de derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad o de la documentación que las acompaña presentadas hasta el 15 de junio sin que se aplique la reducción del 1 por ciento por cada día hábil de retraso tras el fin del plazo de presentación de la solicitud única.»

Disposición final segunda. Mecanismo de evaluación de las previsiones contenidas en la norma proyectada en los aspectos ambientales y económicos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, realizarán, antes de concluir 2026, un informe en que se evalúen los efectos ambientales y económicos de las modificaciones incorporadas por el presente real decreto en materia de controles y penalizaciones para las explotaciones cuya superficie agraria declarada sea igual o inferior a las 10 hectáreas.

Consecuencia de las conclusiones de dicho informe y de la evolución del Derecho de la UE en la materia, se tomarán, en su caso, las medidas oportunas.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

1. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, los apartados uno y dos del artículo único surtirán efectos desde el 25 de mayo de 2024 y los apartados cuatro, seis, nueve y once, así como la práctica 2 del apartado diez del artículo único, y la disposición final primera, surtirán efectos desde el 1 de enero de 2024.

2. Los apartados cinco y ocho, así como la práctica 1 del apartado diez del artículo único entrarán en vigor el 1 de enero de 2025.

Dado en Madrid, el 18 de junio de 2024.

FELIPE R.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,

LUIS PLANAS PUCHADES

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   ANALISIS:

• DISPOSICIONES GENERALES. OBJETO
• GESTIÓN Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES DEL PEPAC INCLUIDAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL (SIGC)
• CONDICIONALIDAD REFORZADA Y SOCIAL
• INTERVENCIONES CON CARGO AL FEAGA
• INTERVENCIONES CON CARGO AL FEAGA
• INTERVENCIONES SECTORIALES
• INTERVENCIONES CON CARGO AL FEADER
• ANEXO I: Normativa comunitaria de la Política Agrícola Común.
• ANEXO II: Emblema de la unión europea

RESUMEN:

Desde 1962, la Política Agrícola Común (PAC) ha evolucionado mediante sucesivas reformas. La última reforma se completó en diciembre de 2021 y se aplicará de 2023 a 2027.

Se introdujeron tres reglamentos principales:

1. Reglamento (UE) 2021/2115: Normas para los planes estratégicos de la PAC, financiados por FEAGA y FEADER.
2. Reglamento (UE) 2021/2116: Financiación, gestión y seguimiento de la PAC.
3. Reglamento (UE) 2021/2117: Modificaciones en reglamentos sobre mercados agrarios y medidas para regiones ultraperiféricas.

La nueva PAC se centra en resultados concretos con tres objetivos generales: asegurar la seguridad alimentaria a largo plazo, apoyar la protección del medio ambiente y fortalecer el tejido socioeconómico rural.

Cada Estado miembro debe tener un Plan Estratégico de la PAC. En España, el Plan Estratégico 2023-2027 fue aprobado el 31 de agosto de 2022. Incluye ayudas directas y sectoriales (FEAGA) y desarrollo rural (FEADER), implementadas a nivel autonómico.

En el País Vasco, se programaron 18 intervenciones de desarrollo rural. Un decreto unifica estas ayudas y deroga normas anteriores, asegurando la correcta implementación del Plan. Además, se incluyen medidas para reducir la brecha de género en el sector agrario y rural, cumpliendo con la Ley 8/2015 y el Decreto Legislativo 1/2023.

MAS INFORMACION  ADM4031-2

TEXTO ORIGINAL

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ANALISIS:

Medidas en materia de transporte ferroviario y por carretera

Reducción del precio del Pase Interrail

RESUMEN:

En el verano de 2023, debido a la invasión de Ucrania y la inflación que afectó al sector del transporte, se implementó una política para facilitar a los jóvenes el uso del transporte público terrestre, tanto ferroviario como por carretera, en España y Europa. El objetivo era promover un medio de transporte más seguro, económico y sostenible que el vehículo privado. La medida fue un éxito con más de 1.900.000 jóvenes registrados, casi 4 millones de viajes y 16.134 pases de

La iniciativa buscaba también fomentar el desarrollo personal y cultural de los jóvenes, ayudando a la recuperación de los sectores turísticos y culturales tras la pandemia, y promoviendo el conocimiento del patrimonio es

Para el verano de 2024, un real decreto-ley establece descuentos en billetes de transporte público para jóvenes, así como en el Pase Interrail, aplicables entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024. Este decreto se estructura en dos capítulos con seis artículos y dos disposiciones finales, regulando requisitos y descuentos específicos para diferentes servicios

La normativa responde a la necesidad urgente de apoyar los sectores de transporte, turismo y cultura, afectados por la pandemia y el aumento de los precios energéticos. Se considera el real decreto-ley como el instrumento más adecuado para la implementación rápida y eficaz de estas medidas, asegurando la coherencia con el marco jurídico vigente

MAS INFORMACION ADM4023-2

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VER TEXTO  ADM4024

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L’aprovació de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i del Decret 118/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de les clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d’ajudes i subvencions, comporta la necessitat d’adaptar l’Orde 4/2016, de 3 de juny, que establix les bases reguladores de diferents subvencions en matèria de participació ciutadana als nous criteris i elements, en matèria de transparència i de responsabilitat social, que recullen la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, i el Decret 118/2022, de 5 d’agost, del Consell, respectivament.

Les ajudes concedides a l’empara de la convocatòria conforme a les bases reguladores d’este decret, de conformitat amb l’article 3.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, estan exemptes de notificació a la Comissió Europea, per no ser-los aplicable l’article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, ja que estan destinades a ajuntaments i no afecten els intercanvis comercials entre estats membres.

La present norma s’adequa als principis de bona regulació continguts en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Este decret no comporta càrregues administratives addicionals. Les actuacions seran assumides pel personal i els mitjans ja existents, sense que les mesures incloses en este decret suposen increment de dotacions ni retribucions ni altres despeses de personal.

Les subvencions que regula l’Ordre 4/2016, de 3 de juny, de l’extinta Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, que es modifica per mitjà d’este decret, s’incardinen en el Pla estratègic de subvencions de la presidència de la Generalitat per al període 2024-2026, aprovat el 15 de març de 2024 (DOGV 9813, 21.03.2024).

Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb les competències atribuïdes en l’article 2 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions; una vegada complits els tràmits procedimentals oportuns; vistes la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, el Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i el Decret 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat,

DECRETE

Article únic. Modificació de l’Ordre 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s’establixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l’exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, i cases regionals d’altres comunitats a la Comunitat Valenciana i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública

1. Es modifiquen els articles 4, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31 i 32 de l’Orde 4/2016, de 3 de juny.

2. S’afegix un apartat 2 a la disposició addicional segona.

3. Els articles i la disposició addicional segona la redacció dels quals es modifica, queden de la manera que es consigna en l’annex del present decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Absència d’incidència en el gasto pressupostari de la Generalitat

L’aprovació del present decret no té incidència en la dotació dels capítols de gasto assignats a la Generalitat, i s’ha d’atendre amb els mitjans personals i materials de què disposa esta.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

València, 17 d’abril de 2024

El President de la Generalitat,

CARLOS MAZÓN GUIXOT

ANNEX

Nova redacció dels articles 4, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31 i 32 i de la disposició addicional segona de l’Orde 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s’establixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), les entitats ciutadanes, els entres valencians a l’exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, les cases regionals d’altres comunitats a la Comunitat Valenciana i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública.

1. L’article 4 queda redactat de la manera següent:

«Article 4. Clàusules socials i de responsabilitat social i mediambiental

1. Les convocatòries de subvenció que es dicten en el marc d’esta orde establiran els compromisos específics de caràcter mediambiental, de transparència, socials i ètics, en la mesura que això siga adequat a la naturalesa de l’activitat subvencionada.

2. Com a mesures d’actuació per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens i d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat, les convocatòries de subvencions podran establir, conformement a les presents bases, com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds:

a) L’experiència de l’entitat i de l’equip humà en matèria específica d’igualtat de gènere de persones amb discapacitat i del seu personal, assenyalant actuacions i treballs realitzats en els tres últims anys, així com titulació, formació i experiència específica en matèria de gènere.

b) La creació d’ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % a través de l’execució de les activitats objecte de subvenció.

3. Com a mesures de responsabilitat social, en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens, les convocatòries de subvencions establiran, conformement a les presents bases, com a criteri de ponderació i puntuació de sol·licituds, el compromís d’aplicar per a la plantilla que execute el projecte mesures concretes de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, que superen el que s’establix legalment i convencionalment, especialment quan es tracte de persones treballadores amb discapacitat/diversitat funcional o en situació de dependència.

Per a la seua valoració, l’entitat sol·licitant haurà d’especificar detalladament les mesures de conciliació previstes.

4. Com a mesures de responsabilitat social, en matèria d’inserció laboral i inclusió social, les convocatòries de les subvencions podran establir, conformement a les presents bases, algun o alguns dels següents criteris de ponderació i puntuació de les sol·licituds:

a) El compromís d’ocupar en la plantilla que executarà el projecte, i en els casos de noves contractacions, baixes i substitucions, persones considerades per la legislació vigent amb dificultats d’accés al mercat laboral o en situació o risc d’exclusió social.

b) El compromís d’ocupar en la plantilla que executarà el projecte, i en els casos de noves contractacions, baixes i substitucions, persones amb discapacitat/persones amb diversitat funcional.

c) El compromís d’incorporar en les noves contractacions, baixes i substitucions que es produïsquen durant l’execució del projecte jóvens que accedisquen a la primera ocupació, o siguen menors de trenta anys i estiguen en situació de desocupació durant almenys sis mesos.

d) El compromís d’ocupar en la plantilla que executarà el projecte, i en els casos de noves contractacions, baixes i substitucions, dones víctimes de la violència de gènere.

5. Com a mesures de responsabilitat social, en matèria de qualitat laboral, les convocatòries de les subvencions podran establir, conformement a les presents bases, algun o alguns dels criteris següents de ponderació i puntuació de les sol·licituds:

a) El compromís d’establir un salari/hora per a l’execució del projecte que siga com a mínim l’establit en el conveni col·lectiu sectorial i territorial que siga aplicable als treballadors i treballadores que realitzen l’activitat objecte del contracte.

b) El compromís d’una adequada formació contínua per a les persones que executaran el projecte.

c) El compromís d’assignar a l’execució del projecte personal amb contracte indefinit.

d) El compromís de millorar les condicions de seguretat i salut laboral respecte de les establides legalment i en el Pla de prevenció de riscos laborals.

6. Com a mesures de responsabilitat social, en matèria consum, eficiència i estalvi energètic, les convocatòries de subvencions podran establir, conformement a les presents bases, algun o alguns dels criteris següents de ponderació i puntuació de les sol·licituds:

a) La presentació i el compromís d’aplicar un protocol, un procediment o un sistema equivalent que garantisca la reducció i la gestió sostenible del consum energètic en qualsevol de les seues classes durant l’execució del projecte.

b) En els contractes que comporten la instal·lació i la gestió de màquines automàtiques expenedores, la millora del consum energètic segons classificació de les que es vagen a emprar (A, B, C, D o E).

c) En els contractes de servicis informàtics i subministrament d’equips informàtics, que els processadors emprats o oferits tinguen modes de funcionament que permeten l’estalvi energètic.

d) En els contractes de subministrament elèctric, que l’energia contractada siga certificada d’origen 100 % renovable.

7. Com a mesures de responsabilitat social, en matèria de productes ecològics, les convocatòries de subvencions podran establir, conformement a les presents bases, algun o alguns dels criteris següents de ponderació i puntuació de les sol·licituds, per al cas que l’entitat sol·licitant contracte l’execució de l’activitat subvencionada:

a) En els contractes de subministraments de productes d’alimentació o altres que ho permeten per l’objecte de la prestació, així com en els de servicis d’hostaleria i restauració, la utilització de productes ecològics acreditats i classificats, no processats, frescos, de temporada i/o quilòmetre zero, segons l’escala establida respecte del percentatge d’utilització d’estos sobre el total dels utilitzats.

b) En els contractes de servicis d’impressió o edició, la utilització de paper ecològic, amb un mínim de fibres reciclades superior al 85 %, no blanquejat amb clor, en el cas que no s’haja inclòs com a condició especial d’execució.

c) En contractes de servicis i/o subministrament de productes tèxtils, s’hauran d’haver elaborat al 100 % amb fibres que complisquen els requisits establits en l’etiqueta ecològica europea o equivalent, en relació amb la presència de determinades substàncies, en el cas que no s’haja inclòs com a condició especial d’execució.

d) En contractes de servicis i/o subministrament de productes tèxtils, s’hauran d’haver elaborat al 100 % amb fibres que complisquen els requisits establits en l’etiqueta ecològica europea o equivalent, en relació amb la presència de determinades substàncies, en el cas que no s’haja inclòs com a condició especial d’execució.

8. Com a mesures de responsabilitat social, en matèria d’emissions i contaminació en els contractes que comporten ús de vehicles (repartiment, missatgeria, obres, transport, etc.), les convocatòries de subvencions podran establir, conformement a les presents bases, algun o alguns dels criteris següents de ponderació i puntuació de sol·licituds:

a) La utilització de vehicles elèctrics, biodièsel o d’una altra tecnologia de propulsió diferent de les convencionals, d’acord amb el percentatge de vehicles sobre el total dels utilitzats.

b) La utilització de vehicles amb etiqueta ecològica i control d’emissions, d’acord amb els distintius ambientals establits per la Direcció General de Trànsit, d’acord amb el percentatge de vehicles sobre el total dels utilitzats.

c) El compromís de l’empresa o l’entitat licitadora d’impartir cursos de conducció eficient per a les persones conductores que executaran el contracte.

9. En tot cas les convocatòries de subvencions hauran d’establir com a criteris de ponderació i puntuació de les sol·licituds algun dels establits en els apartats 5 a 8 d’este article.»

2. L’article 5 queda redactat com seguix:

«Article 5. Obligacions de les entitats beneficiàries

1. L’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció ha d’estar executada i ha d’haver-se pagat abans que finalitze el termini de justificació que s’establisca en la convocatòria corresponent.

2. A més de les obligacions que s’establixen amb caràcter general en l’article 14 de l’LGS, i les obligacions que puga fixar o determinar la convocatòria, en el corresponent capítol s’establixen les obligacions específiques dels beneficiaris per a cada tipus d’ajuda.

3. L’incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes o a la minoració de l’ajuda, amb l’exigència, si és el cas, del reintegrament de les quantitats percebudes indegudament i l’exigència de l’interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

4. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud de les entitats interessades o d’ofici, requerirà complir les condicions i les circumstàncies previstes en la legislació de procediment administratiu comú.

5. De conformitat amb el que preveu l’article 4 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, les entitats privades que perceben durant el període d’un any natural ajudes o subvencions de les entitats recollides en l’article 3 de la llei citada en una quantia superior a 50.000 euros o quan les ajudes o subvencions percebudes representen, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals, sempre que arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros, hauran de complir les obligacions de publicitat activa i de subministrament d’informació, en els termes que s’establixen en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat.

6. La difusió de la informació s’ha de realitzar, preferentment, a través de les pàgines web corresponents, sense perjudici que s’haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En cas que no disposen de pàgina web on fer esta publicitat, podran complir esta obligació a través del portal GVA Oberta.

7. L’entitat beneficiària podrà subcontractar totalment o parcialment l’activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 75 % de l’import de l’activitat subvencionada, amb els requisits i les prohibicions establits en l’article 29 de l’LGS. Quan l’entitat beneficiària subcontracte amb tercers la realització de part de l’activitat subvencionada, haurà d’exigir a estos tercers que es comprometen per escrit a respectar la normativa ambiental i social, així com a complir els compromisos socials, de transparència, ètics i ambientals assumits per la persona beneficiària.»

3. L’article 14 queda redactat com seguix:

«Article 14. Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions següents:

1. Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, executant el projecte objecte de subvenció en l’exercici que establisca la convocatòria corresponent.

2. Acreditar davant de l’entitat concedent la realització de l’activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

3. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació que haja d’efectuar el departament del Consell competent en matèria de transparència i participació en relació amb l’objecte i la destinació de la subvenció concedida.

5. Comunicar al departament del Consell competent en matèria de transparència i participació, a través de la direcció general competent en matèria de transparència i participació, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat i concedits per a la mateixa finalitat prevista en la present convocatòria. Esta comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació atorgada als fons percebuts.

6. Justificar davant de la direcció general competent en matèria de transparència i participació la subvenció en els termes i els terminis previstos en les presents bases i en la convocatòria corresponent.

7. Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d’una acció subvencionada per la Generalitat a través del departament del Consell competent en matèria de transparència i participació. A este efecte, hauran d’incorporar en tot el material que es derive de les activitats objecte de la present orde el logotip del departament del Consell competent en matèria de transparència i participació, per a la qual cosa hauran de sol·licitar obligatòriament l’autorització prèvia amb suficient antelació. El logotip en vigor el facilitarà a les entitats beneficiàries la direcció general competent en matèria de transparència i participació.

8. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que preveu l’article 37 de l’LGS.

9. Estar al corrent en l’obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, que s’acreditarà mitjançant un certificat emés a este efecte per la Sindicatura de Comptes, segons el que disposa l’Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes.

10. Exigir, per escrit, a les empreses amb les quals se subcontracte l’activitat subvencionada, en els termes de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el compromís de respectar la normativa ambiental i social, així com de complir els compromisos socials, de transparència, ètics i ambientals assumits per l’entitat beneficiària, segons establix l’article 21.2 del Decret 118/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d’ajudes i subvencions.

11. Totes les altres obligacions que establix l’article 14 de l’LGS.»

4. L’article 16 queda redactat com seguix:

«Article 16. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció

1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s’efectuarà atenent els criteris següents, i la seua ponderació es determinarà en la convocatòria corresponent.

1.1. Modalitat 1: foment de la participació ciutadana i del teixit associatiu

a) Projecte i activitats que cal desenvolupar:

1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i la viabilitat del projecte, així com la coherència i l’adequació d’este als objectius que es volen aconseguir.

2n. Actuacions i mecanismes per al foment de la participació ciutadana i del teixit associatiu. Es valorarà la planificació i la gestió dels processos específics de participació, dels programes de formació i de les accions per al foment del teixit associatiu local, així com de les estratègies de comunicació per a la difusió del projecte.

3r. Transversalitat. Per a la baremació, es tindrà en compte la col·laboració entre el departament que organitza i coordina el procés i altres àrees o departaments de l’entitat local, o d’altres administracions públiques.

4t. Avaluació i seguiment. Es valorarà la previsió d’instruments d’avaluació i seguiment, així com la seua periodicitat.

5t. Beneficiaris del projecte. Es valorarà el tipus de persones o col·lectius al qual es dirigix el projecte, així com l’impacte poblacional del projecte.

6t. Enfocament econòmic. Es valorarà l’existència de cofinançament en el projecte i el respecte al límit establit respecte de les despeses de personal intern, així com la coherència en la distribució de les despeses en el pressupost del projecte.

b) Entitat local sol·licitant:

1r. Innovació. Es valorarà el caràcter innovador dels projectes desenvolupats per l’entitat, relacionats amb la participació ciutadana i el foment de l’associacionisme. Així mateix, es valorarà, si és el cas, que l’entitat local pose en marxa per primera vegada un projecte relacionat amb la participació ciutadana i el foment de l’associacionisme.

2n. Experiència. També es valoraran, si és el cas, els projectes desplegats per l’entitat relacionats amb la participació ciutadana i el foment de l’associacionisme en els últims cinc anys.

3r. Creació i treball en xarxes. Es valorarà tant la creació i la posada en marxa de xarxes o plataformes d’entitats en l’àmbit de la participació i el foment de l’associacionisme com la pertinença de l’entitat local a alguna xarxa o plataforma d’esta naturalesa.

4t. Aprovació d’alguna norma pròpia de caràcter reglamentari que regule esta matèria en l’àmbit de l’entitat local (ordenances, reglaments).

5t. Ús del valencià com a llengua vehicular durant el desenvolupament de l’activitat i en les diferents publicacions que, si és el cas, es generen amb motiu de la seua organització i per a la difusió dels resultats.

6t. Es valorarà que els projectes desplegats per l’entitat relacionats amb la participació ciutadana i el foment de l’associacionisme paren atenció a col·lectius amb dificultats per a integrar-se en la vida municipal (població immigrant, en risc d’exclusió social, amb diversitat funcional…).

7m. Compliment de clàusules de responsabilitat social i mediambientals. Es valorarà el compliment d’una o diverses de les clàusules en matèria social, de transparència, ètiques o mediambientals recollides en cada una de les convocatòries, segons el que establix l’article 4 d’esta disposició.

8u. Inclusió en els plecs de contractació aprovats dins de l’últim any natural a la publicació d’estes bases reguladores, de les clàusules de responsabilitat social de la manera prevista en la normativa de responsabilitat social. L’establiment d’este criteri o requisit podrà modular-se, en cada convocatòria, perquè els municipis de poca població no resulten perjudicats.

1.2. Modalitat 2: transparència de l’activitat pública

a) Projecte i activitats que cal desenvolupar:

1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i la viabilitat del projecte, així com la coherència i l’adequació d’este als objectius que es volen aconseguir.

2n. Actuacions i mecanismes per al foment de la transparència de l’activitat pública. Es valoraran les activitats d’adequació de les seus electròniques i els webs municipals que tinguen com a objectiu possibilitar la publicació de la informació pública exigida per la normativa aplicable, l’elaboració de procediments telemàtics per a garantir el lliure accés dels ciutadans i les ciutadanes a la informació, garantint l’adaptació a les persones amb diversitat sensorial, la posada a disposició de la ciutadania de la informació pública en un format accessible i comprensible que permeta reutilitzar-la (dades obertes / dades obertes), i l’elaboració d’altres ferramentes que potencien la transparència i l’accés de la ciutadania a la informació pública.

3r. Transversalitat. Per a la baremació, es tindrà en compte la col·laboració entre el departament que organitza i coordina el procés i altres àrees o departaments de l’entitat local, o d’altres administracions públiques.

4t. Avaluació i seguiment. Es valorarà la previsió d’instruments d’avaluació i seguiment, així com la seua periodicitat.

5t. Beneficiaris del projecte. Es valorarà l’àmbit sectorial al qual es dirigix el projecte, així com el seu impacte global.

6t. Enfocament econòmic. Es valorarà l’existència de cofinançament en el projecte i el respecte al límit establit respecte de les despeses de personal intern, així com la coherència en la distribució de les despeses en el pressupost del projecte.

b) Entitat local sol·licitant:

1r. Experiència. Es valoraran els projectes desplegats per l’entitat relacionats amb la transparència en l’activitat pública en els últims dos anys.

2n. Creació i treball en xarxes. Es valorarà tant la creació i la posada en marxa de xarxes o plataformes d’entitats en l’àmbit de la transparència, com la pertinença de l’entitat local a alguna xarxa o plataforma d’esta naturalesa.

3r. Aprovació d’alguna norma pròpia de caràcter reglamentari que regule esta matèria en l’àmbit de l’entitat local (ordenances, reglaments).

4t. Ús del valencià com a llengua vehicular durant el desenvolupament de l’activitat i en les diferents publicacions que, si és el cas, es generen amb motiu de la seua organització i per a la difusió dels resultats.

5t. Compliment de clàusules de responsabilitat social i mediambientals. Es valorarà el compliment d’una o diverses de les clàusules en matèria social, de transparència, ètiques o mediambientals recollides en cada una de les convocatòries, segons el que establix l’article 4 d’esta orde.

6t. Inclusió en els plecs de contractació aprovats dins de l’últim any natural a la publicació d’estes bases reguladores, de les clàusules de responsabilitat social de la manera prevista en la normativa responsabilitat social. L’establiment d’este criteri o requisit podrà modular-se, en cada convocatòria, perquè els municipis de poca població no resulten perjudicats.

2. Per a determinar la quantia subvencionada, en la convocatòria corresponent es tindrà en compte l’adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en el punt anterior i a la ponderació d’estos, establits en la convocatòria corresponent.

3. Per al supòsit d’empat en la puntuació final obtinguda per les entitats sol·licitants, en les convocatòries de subvencions s’establiran criteris de desempat, i per a la seua definició s’haurà de tindre en compte el que disposa el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat, o la norma equivalent que en el futur el substituïsca. Tindran preferència en l’adjudicació de les subvencions, quan l’empat es produïsca entre entitats que no estiguen obligades legalment a disposar d’un pla d’igualtat, les entitats que, al venciment de la presentació de la sol·licitud de subvencions, hagen negociat amb la representació legal de les persones treballadores si n’hi ha, i hagen aprovat i tramitat la inscripció dels plans d’igualtat en el registre públic corresponent, fins i tot si no hi estan obligades legalment.

4. El finançament màxim per projecte serà el que determine la convocatòria corresponent. Els projectes que hagen superat la puntuació mínima establida en la convocatòria corresponent se subvencionaran atenent el límit anterior, i es concediran les subvencions per orde de puntuació de més a menys fins que s’esgoten els fons previstos en la convocatòria corresponent.

L’import global màxim que s’establisca en la convocatòria corresponent per a finançar estes subvencions podrà distribuir-se de manera diferenciada entre les modalitats de subvenció previstes en l’article anterior, de conformitat amb els percentatges que es determinen en cada convocatòria. En el cas que la quantia econòmica destinada a una de les modalitats de subvenció no s’esgote íntegrament, el sobrant es podrà aplicar a les sol·licituds de l’altra modalitat.

Quan es produïsca la renúncia d’algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se, sense necessitat d’una nova convocatòria, a l’entitat sol·licitant següent per orde de puntuació.»

5. L’article 18 queda redactat com seguix:

«Article 18. Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions següents:

1. L’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció ha d’estar executada i ha d’haver-se pagat abans que finalitze el termini de justificació.

2. Acreditar davant de l’entitat concedent la realització de l’activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

3. Acreditar el compliment de totes les exigències i els compromisos específics de caràcter mediambiental, de transparència, social i ètic derivats de la convocatòria.

4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació que haja d’efectuar el departament del Consell competent en matèria de transparència i participació en relació amb l’objecte i la destinació de la subvenció concedida.

6. Comunicar al departament del Consell competent en matèria de transparència i participació, a través de la direcció general competent en matèria de transparència i participació, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat i concedits per a la mateixa finalitat que preveu la present convocatòria. Esta comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació atorgada als fons percebuts.

7. Justificar davant de la direcció general competent en matèria de transparència i participació la subvenció en els termes i els terminis que preveuen estes bases.

8. Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d’una acció subvencionada per la Generalitat a través del departament del Consell competent en matèria de transparència i participació. A este efecte, hauran d’incorporar en tot el material que es derive de les activitats objecte de la present orde el logotip de la Generalitat, per a la qual cosa hauran de sol·licitar obligatòriament l’autorització prèvia amb suficient antelació. El logotip en vigor el facilitarà a les entitats beneficiàries la direcció general competent en matèria de transparència i participació.

9. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que preveu l’article 37 de l’LGS.

10. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, i caldrà acreditar este aspecte abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de la convocatòria corresponent, així com en els processos de justificació de l’ajuda concedida, en cas de no haver atorgat autorització.

11. Exigir, per escrit, a les empreses amb les quals se subcontracte l’activitat subvencionada, en els termes de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el compromís de respectar la normativa ambiental i social, així com de complir els compromisos socials, de transparència, ètics i ambientals assumits per l’entitat beneficiària, segons establix l’article 21.2 del Decret 118/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d’ajudes i subvencions.

12. Totes les altres obligacions que establix l’article 14 de l’LGS.»

6. L’article 20 queda redactat com seguix:

«Article 20. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció

1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s’efectuarà atenent els criteris següents, i la seua ponderació estarà determinada en la convocatòria corresponent:

a) Projecte i activitats que cal desenvolupar:

1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i la viabilitat del projecte, així com la coherència i l’adequació d’este als objectius que es volen aconseguir.

2n. Actuacions i mecanismes per al foment de la participació ciutadana, del teixit associatiu i de la cultura de la transparència en les entitats. Es valorarà la planificació i la gestió dels processos específics de participació, dels programes de formació i de les accions per al foment del teixit associatiu, de les accions que promoguen la transparència en l’activitat del projecte, així com de les estratègies de comunicació per a la difusió del projecte. Es valorarà la interacció dels projectes amb l’entorn social, educatiu o comunitari.

3r. Transversalitat. Es valorarà si l’execució del projecte contribuïx a millorar el funcionament intern de l’entitat, fomentant la transparència de la gestió, la participació directa dels associats en la presa de decisions i la captació de nous socis.

4t. Avaluació i seguiment. Es valorarà la previsió d’instruments d’avaluació i seguiment, així com la seua periodicitat.

5t. Persones o col·lectius beneficiaris del projecte. Es valorarà el tipus de persones o col·lectius al qual es dirigix el projecte, i es consideraran especialment les accions destinades a població immigrant, en situació de risc d’exclusió social o qualsevol altra circumstància que puga ser motiu d’exclusió, així com l’impacte poblacional del projecte.

6t. Enfocament econòmic. Es valorarà l’existència de cofinançament en el projecte i el respecte al límit establit respecte de les despeses de personal intern, així com la coherència en la distribució de les despeses en el pressupost del projecte.

b) Entitat ciutadana sol·licitant:

1r. Experiència. Es valoraran els projectes desplegats per l’entitat relacionats amb la participació ciutadana, el foment de l’associacionisme i la transparència en els últims dos anys.

2n. Creació i treball en xarxes. Es valorarà tant la creació i la posada en marxa de xarxes o plataformes d’entitats en l’àmbit de la participació i el foment de l’associacionisme i la transparència com la pertinença de l’entitat a alguna xarxa o plataforma d’esta naturalesa.

3r. Foment de les TIC (tecnologies de la informació i el coneixement). Es valoraran les activitats de foment de les tecnologies de la informació, l’existència d’un web propi i la presència en xarxes socials.

4t. Ús del valencià com a llengua vehicular durant el desenvolupament de l’activitat i en les diferents publicacions que, si és el cas, es generen amb motiu de la seua organització i per a la difusió dels resultats.

5t. Compliment de clàusules de responsabilitat social i mediambientals. Es valorarà el compliment d’una o diverses de les clàusules en matèria social, de transparència, ètiques o mediambientals recollides en cada una de les convocatòries, segons el que establix l’article 4 d’esta orde.

2. Per a determinar la quantia subvencionada, en la convocatòria corresponent, es tindrà en compte l’adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en el punt anterior i a la ponderació dels establits en la convocatòria corresponent.

3. Per al cas d’empat en la puntuació final obtinguda per les sol·licitants, en les convocatòries de subvencions s’establiran criteris de desempat, i per a la seua definició caldrà tindre en compte el que disposa el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat, o la norma equivalent que el substituïsca en el futur. Tindran preferència en l’adjudicació de les subvencions, quan l’empat es produïsca entre entitats que no estiguen obligades legalment a disposar d’un pla d’igualtat, les entitats que, al venciment de la presentació de la sol·licitud de subvencions, hagen negociat amb la representació legal de les persones treballadores si n’hi ha, i hagen aprovat i tramitat la inscripció dels plans d’igualtat en el registre públic corresponent, fins i tot si no hi estan obligades legalment.

4. El finançament màxim per projecte serà el que determine la convocatòria corresponent. Els projectes que hagen superat la puntuació mínima establida en la convocatòria corresponent se subvencionaran atenent el límit anterior, i es concediran les subvencions per orde de puntuació de més a menys fins que s’esgoten els fons previstos en la convocatòria corresponent.

L’import global màxim que s’establisca en la convocatòria corresponent per a finançar estes subvencions podrà distribuir-se de manera diferenciada entre confederacions i federacions, d’una banda, i associacions, d’altra banda, de conformitat amb els percentatges que es determinen en cada convocatòria. En el cas que la quantia econòmica destinada a una de les modalitats de subvenció no s’esgote íntegrament, el sobrant es podrà aplicar a les sol·licituds de l’altra modalitat.

Quan es produïsca la renúncia d’alguna de les entitats beneficiàries a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se, sense necessitat d’una nova convocatòria, a l’entitat sol·licitant següent per orde de puntuació.»

7. L’article 22 queda redactat com seguix:

«Article 22. Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions següents:

1. L’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció ha d’estar executada i ha d’haver-se pagat abans que finalitze el termini de justificació.

2. Acreditar davant de l’entitat concedent la realització de l’activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

3. Acreditar el compliment de totes les exigències i els compromisos específics de caràcter mediambiental, de transparència, social i ètic derivats de la convocatòria.

4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació que haja d’efectuar el departament del Consell competent en matèria de transparència i participació en relació amb l’objecte i la destinació de la subvenció concedida.

6. Comunicar al departament del Consell competent en matèria de transparència i participació, a través de la direcció general competent en matèria de transparència i participació, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat i concedits per a la mateixa finalitat prevista en la present convocatòria. Esta comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació atorgada als fons percebuts.

7. Justificar davant de la direcció general competent en matèria de transparència i participació la subvenció en els termes i els terminis que preveuen estes bases.

8. Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d’una acció subvencionada per la Generalitat, a través del departament del Consell competent en matèria de transparència i participació. A este efecte, hauran d’incorporar en tot el material que es derive de les activitats objecte de la present orde el logotip de la Generalitat, per a la qual cosa hauran de sol·licitar obligatòriament l’autorització prèvia amb suficient antelació. El logotip en vigor el facilitarà a les entitats beneficiàries la direcció general competent en matèria de transparència i participació.

9. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que preveu l’article 37 de l’LGS.

10. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, i caldrà acreditar este aspecte abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de la convocatòria corresponent, així com en els processos de justificació de l’ajuda concedida, en cas de no haver atorgat autorització.

11. En el cas de centres valencians que estiguen situats fora d’Espanya, podran complir el requisit de l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant una declaració responsable del seu president o representant del fet que l’entitat està exempta d’obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social a Espanya.

12. Exigir, per escrit, a les empreses amb les quals se subcontracte l’activitat subvencionada, en els termes de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el compromís de respectar la normativa ambiental i social, així com de complir els compromisos socials, de transparència, ètics i ambientals assumits per l’entitat beneficiària, segons establix l’article 21.2 del Decret 118/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d’ajudes i subvencions.

13. Totes les altres obligacions que establix l’article 14 de l’LGS.»

8. L’article 23 queda redactat com seguix:

«Article 23. Actuacions i despeses subvencionables

1. Se subvencionaran les actuacions destinades a:

a) Subvencions per a les activitats i les despeses de funcionament (modalitat 1): organització i realització de projectes concrets per a desenvolupar les activitats pròpies dels centres i les seues federacions i confederacions; programes de foment de la llengua, la cultura i la realitat social valenciana; programes de foment i difusió de la cultura valenciana en universitats o institucions culturals dels territoris on hi haja col·lectivitats valencianes; iniciatives de solidaritat amb els centres situats en territoris menys afavorits econòmicament; programes de suport i de foment de la participació activa dels jóvens residents a l’exterior, i les despeses de funcionament dels centres que desenvolupen estes activitats.

b) Subvencions per a despeses d’inversió (modalitat 2): obres de rehabilitació, condicionament i reforma de les seus dels centres, i adquisició d’equipament i béns inventariables. Quan la despesa subvencionable es projecte sobre adquisicions de béns mobles o productes, podrà exigir-se que estos complisquen els criteris de comerç just i amb requisits vinculats a la sostenibilitat energètica i ambiental.

2. Les activitats i les despeses subvencionables abastaran l’any natural i es concretaran anualment en la convocatòria corresponent.»

9. L’article 24 queda redactat com seguix:

«Article 24. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció

1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s’efectuarà atenent els criteris següents, i la seua ponderació estarà determinada en la convocatòria corresponent:

a) Criteris comuns:

1r. Nombre de socis i sòcies.

2n. Antiguitat del centre.

3r. Foment de les TIC (tecnologies de la informació i el coneixement).

4t. Creació i treball en xarxes.

5t. Relleu generacional i paritat en els òrgans directius dels centres.

b) Criteris específics:

Modalitat 1: subvencions per a les activitats i despeses de funcionament.

1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i la viabilitat de les activitats, així com la seua coherència i adequació als objectius que es volen aconseguir.

2n. Activitats previstes. Es valoraran la planificació i la gestió de les activitats previstes, tenint en compte el seu àmbit d’actuació i la difusió i l’impacte previstos.

3r. Beneficiaris. Es valoraran especialment les activitats destinades als col·lectius més desfavorits, a la infància, la joventut, les persones majors, així com la convivència intergeneracional, les dones i la igualtat d’oportunitats entre hòmens i dones.

4t. Experiència. Es valoraran les activitats desenvolupades per l’entitat en els últims dos anys.

5t. Compliment de clàusules de responsabilitat social i mediambientals. Es valorarà el compliment d’una o diverses de les clàusules en matèria social, de transparència, ètiques o mediambientals recollides en cada una de les convocatòries, segons el que establix l’article 4 d’esta orde.

Modalitat 2: subvencions per a despeses d’inversió.

1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i la viabilitat de la inversió, així com la seua coherència i adequació als objectius que es volen aconseguir.

2n. Inversions previstes. Es valoraran la planificació i la gestió de les inversions previstes, així com l’impacte que puga representar per a la millora del funcionament del centre.

2. Per a determinar la quantia subvencionada, en la convocatòria corresponent, es tindrà en compte l’adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en el punt anterior i a la ponderació dels establits en la convocatòria corresponent.

3. Per al cas d’empat en la puntuació final obtinguda per les sol·licitants, en les convocatòries de subvencions s’establiran criteris de desempat. Tindran preferència en l’adjudicació de les subvencions, quan l’empat es produïsca entre entitats que no estiguen obligades legalment a disposar d’un pla d’igualtat, les entitats que, al venciment de la presentació de la sol·licitud de subvencions, hagen negociat amb la representació legal de les persones treballadores si n’hi ha, i hagen aprovat i tramitat la inscripció dels plans d’igualtat en el registre públic corresponent, fins i tot si no hi estan obligades legalment.

4. El finançament màxim per projecte serà el que determine la convocatòria corresponent. Els projectes que hagen superat la puntuació mínima establida en la convocatòria corresponent se subvencionaran atenent el límit anterior, i es concediran les subvencions per orde de puntuació, de més a menys, fins que s’esgoten els fons previstos en la convocatòria corresponent.

L’import global màxim que s’establisca en la convocatòria corresponent per a finançar estes subvencions podrà distribuir-se de manera diferenciada entre confederacions i federacions, d’una banda, i centres individuals, d’altra banda, de conformitat amb els percentatges que es determinen en cada convocatòria.

Quan es produïsca la renúncia d’algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se, sense necessitat d’una nova convocatòria, a l’entitat sol·licitant següent per orde de puntuació.»

10. L’article 26 queda redactat com seguix:

«Article 26. Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions següents:

1. L’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció ha d’estar executada i ha d’haver-se pagat abans que finalitze el termini de justificació.

2. Acreditar davant de l’entitat concedent la realització de l’activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

3. Acreditar el compliment de totes les exigències i els compromisos específics de caràcter mediambiental, de transparència, social i ètic derivats de la convocatòria.

4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació que haja d’efectuar el departament del Consell competent en matèria de transparència i participació en relació amb l’objecte i la destinació de la subvenció concedida.

6. Comunicar al departament del Consell competent en matèria de transparència i participació, a través de la direcció general competent en matèria de transparència i participació, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat i concedits per a la mateixa finalitat que preveu la present convocatòria. Esta comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació atorgada als fons percebuts.

7. Justificar davant de la direcció general competent en matèria de transparència i participació la subvenció en els termes i els terminis que preveuen estes bases.

8. Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d’una acció subvencionada per la Generalitat, a través del departament del Consell competent en matèria de transparència i participació. A este efecte, hauran d’incorporar en tot el material que es derive de les activitats objecte de la present orde el logotip de la Generalitat, per a la qual cosa hauran de sol·licitar obligatòriament l’autorització prèvia amb suficient antelació. El logotip en vigor el facilitarà a les entitats beneficiàries la direcció general competent en matèria de transparència i participació.

9. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que preveu l’article 37 de l’LGS.

10. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, i caldrà acreditar este aspecte abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de la convocatòria corresponent, així com en els processos de justificació de l’ajuda concedida, en cas de no haver atorgat autorització.

11. Exigir, per escrit, a les empreses amb les quals se subcontracte l’activitat subvencionada, en els termes de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el compromís de respectar la normativa ambiental i social, així com de complir els compromisos socials, de transparència, ètics i ambientals assumits per l’entitat beneficiària, segons establix l’article 21 del Decret 118/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d’ajudes i subvencions.

12. Totes les altres obligacions que establix l’article 14 de l’LGS.»

11. L’article 28 queda redactat com seguix:

«Article 28. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció

1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s’efectuarà atenent els criteris següents, i la seua ponderació estarà determinada en la convocatòria corresponent:

a) Entitat sol·licitant:

1r. Nombre de socis i sòcies.

2n. Antiguitat del centre.

3r. Foment de les TIC (tecnologies de la informació i el coneixement).

4t. Creació i treball en xarxes.

5t. Relleu generacional i paritat en els òrgans directius dels centres.

b) Projecte i activitats a desenvolupar:

1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i la viabilitat de les activitats, així com la seua coherència i adequació als objectius que es volen aconseguir.

2n. Activitats previstes. Es valoraran la planificació i la gestió de les activitats previstes, tenint en compte el seu àmbit d’actuació i la difusió i impacte previstos.

3r. Persones i col·lectius beneficiaris. Es valoraran especialment les activitats destinades als col·lectius més desfavorits, a la infància, la joventut, les persones majors, així com la convivència intergeneracional, les dones i la igualtat d’oportunitats entre hòmens i dones.

4t. Experiència. Es valoraran les activitats desenvolupades per l’entitat en els últims dos anys.

5t. Compliment de clàusules de responsabilitat social i mediambientals. Es valorarà el compliment d’una o diverses de les clàusules en matèria social, de transparència, ètiques o mediambientals recollides en cada una de les convocatòries, segons el que establix l’article 4 d’esta orde.

2. Per a determinar la quantia subvencionada, en la convocatòria corresponent, es tindrà en compte l’adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en el punt anterior i a la ponderació dels establits en la convocatòria corresponent.

3. Per al cas d’empat en la puntuació final obtinguda per les sol·licitants, en les convocatòries de subvencions s’establiran criteris de desempat, i per a la seua definició caldrà tindre en compte el que disposa el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat, o la norma equivalent que el substituïsca en el futur. Tindran preferència en l’adjudicació de les subvencions, quan l’empat es produïsca entre entitats que no estiguen obligades legalment a disposar d’un pla d’igualtat, les entitats que, al venciment de la presentació de la sol·licitud de subvencions, hagen negociat amb la representació legal de les persones treballadores si n’hi ha, i hagen aprovat i tramitat la inscripció dels plans d’igualtat en el registre públic corresponent, fins i tot si no hi estan obligades legalment.

4. El finançament màxim per projecte serà el que determine la convocatòria corresponent. Els projectes que hagen superat la puntuació mínima establida en la convocatòria corresponent se subvencionaran atenent el límit anterior, i es concediran les subvencions per orde de puntuació de més a menys fins que s’esgoten els fons previstos en la convocatòria corresponent.

L’import global màxim que s’establisca en la convocatòria corresponent per a finançar estes subvencions podrà distribuir-se de manera diferenciada entre confederacions i federacions, d’una banda, i cases regionals, d’altra banda, de conformitat amb els percentatges que es determinen en cada convocatòria. En el cas que la quantia econòmica destinada a una de les modalitats de subvenció no s’esgote íntegrament, el sobrant es podrà aplicar a les sol·licituds de l’altra modalitat.

Quan es produïsca la renúncia d’algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se, sense necessitat d’una nova convocatòria, a l’entitat sol·licitant següent per orde de puntuació.»

12. L’article 29 queda redactat como seguix:

«Article 29. Pagament de la subvenció

1. Per al pagament de les subvencions que preveu esta orde, s’aplicarà el règim general previst en l’article 171.1 de l’LHPG, és a dir, s’efectuarà amb la justificació prèvia de les entitats beneficiàries.

Es podran realitzar pagaments anticipats en els termes que preveu l’article 171.2 de l’LHPG. Este acompte podrà arribar fins al 30 % de l’import anual de la subvenció concedida, segons el règim establit en l’article 171.3 de l’LHPG per a les transferències corrents.

En el cas que la legislació de la Generalitat establisca un règim de deslliurament de transferències corrents diferent del previst en el paràgraf anterior, el règim de pagament de les subvencions podrà subjectar-se a este.

En la convocatòria corresponent es concretarà el règim de lliurament de pagament.

En el cas de les transferències de capital, es podrà anticipar un 15 % de l’import de la subvenció concedida.

2. En tot cas, amb caràcter previ al pagament de la subvenció i pagaments anticipats, el beneficiari haurà d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

3. Així mateix, constituïx un requisit per al pagament de la subvenció a entitats locals l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que disposa l’article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, i la normativa aplicable.

4. Amb caràcter previ al pagament anticipat, l’entitat beneficiària de la subvenció haurà de depositar la garantia (aval bancari a favor del departament del competent en matèria de transparència i participació, per un import igual a la quantitat a anticipar) en el corresponent servici territorial de la conselleria competent en matèria d’hisenda. Una vegada obtinguda la carta de pagament acreditativa del depòsit, el beneficiari l’haurà de presentar en les dependències de la direcció general competent en matèria de transparència i participació. Les garanties es cancel·laran per acord de l’òrgan concedent en els casos següents:

a) Una vegada comprovada de conformitat la justificació adequada de la bestreta.

b) Quan s’hagen reintegrat les quantitats anticipades.

Les entitats locals queden exonerades de l’obligació de constituir garanties prèvies per a fer pagaments anticipats, d’acord amb el que disposa l’article 171.5.a de l’LHPG.

La prestació de les garanties a favor de l’entitat concedent a què es referixen tant l’article 161.2.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, com els articles 16.3.d, 17.3. j i k i 21 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, haurà de cobrir, així mateix, el compliment dels compromisos socials, de transparència, ètics i ambientals assumits per la persona beneficiària.

5. En cap cas podran realitzar-se pagaments anticipats a les persones beneficiàries quan s’haja sol·licitat la declaració de concurs voluntari, hagen sigut declarades insolvents en qualsevol procediment, es troben declarades en concurs — llevat que en este haja adquirit l’eficàcia un conveni—, estiguen subjectes a intervenció judicial o hagen sigut inhabilitades segons la Llei concursal, sense que haja conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.»

13. L’article 31 queda redactat com seguix:

«Article 31. Pla de control

1. La comprovació material de la realització efectiva de l’activitat subvencionada es realitzarà mitjançant el pla de control corresponent que desplegue l’òrgan gestor de les ajudes.

2. El tipus de control serà administratiu, sobre la totalitat o una mostra d’ajudes concedides en cada convocatòria, segons s’establisca en esta.

3. El control de la despesa objecte de les ajudes i subvencions esmentades correspon a la direcció general competent en matèria de transparència i participació.

4. Les entitats beneficiàries lliuraran, a petició de l’òrgan encarregat del control i la comprovació de la despesa, la documentació necessària segons el tipus d’ajuda o subvenció i tot el que siga necessari per a justificar les condicions i la quantia de la despesa efectuada.

5. Els plans de control de les diferents línies subvencionables convocades en el marc d’estes bases hauran de comprendre expressament, dins de les actuacions de comprovació material i com a part del control de qualitat, la verificació del compliment de la normativa social i ambiental, dels compromisos de transparència, ètics, socials i ambientals que s’hagen establit i dels compromisos assumits per la persona beneficiària.»

14. L’article 32 queda redactat com seguix:

«Article 32. Reintegrament i minoració de les ajudes

1. Correspondrà reintegrar les ajudes concedides o la seua minoració, amb reembossament de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos de demora, des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que establix la present orde, així com en els supòsits de causes de reintegrament que establix l’article 37 de l’LGS.

Els criteris de graduació dels possibles incompliments pels beneficiaris de les condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions seran els següents:

a) L’incompliment total de les obligacions i els fins per als quals s’haja atorgat la subvenció donarà lloc al reintegrament o la minoració de la totalitat de la quantitat concedida.

b) La quantitat a reintegrar o a minorar en cas d’incompliment parcial en l’execució o en la justificació de les accions o les despeses estarà determinada, conformement al criteri de proporcionalitat, pel volum i el grau d’incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.

c) L’incompliment de la normativa ambiental i social, dels compromisos assumits per la persona beneficiària o els tercers subcontractats, si és el cas, i dels compromisos establits, segons la normativa corresponent en matèria de clàusules socials i ambientals, constituirà causa de reintegrament de la subvenció, de conformitat amb l’article 37.1.f de l’LGS. Constituirà causa d’incompliment la resistència, l’obstrucció, l’excusa o la negativa a les actuacions de comprovació i inspecció del compliment de les de la normativa ambiental i social, dels compromisos ambientals, de transparència, socials i ètics que s’hagen establit i dels assumits per la persona beneficiària o els tercers subcontractants, si és el cas. Estos incompliments constituiran, així mateix, causa suficient per a perdre el dret a cobrar la subvenció, en els termes de l’article 34.3, paràgraf segon, de l’LGS.

2. El procediment de reintegrament s’ajustarà a les previsions que conté l’article 172 de l’LHPG.

3. La tramitació del procediment garantirà l’audiència a la persona interessada. Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan l’entitat sol·licitant renuncie a la subvenció i no figuren en el procediment ni es tinguen en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions o proves que les presentades per l’interessat.

4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de dotze mesos a comptar de l’inici de l’expedient de declaració de pèrdua del dret o de la minoració.

5. Contra la resolució d’este procediment es podran interposar els recursos previstos legalment.»

15. La disposició addicional segona queda redactada com seguix:

«Segona. Referències legislatives

1. Les referències fetes a l’LRJPAC, s’entendran fetes a la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques o a la Llei de règim jurídic del sector públic, segons corresponga, en el moment de la seua entrada en vigor.

2. Les referències fetes en el preàmbul i en l’article 21 de l’Orde 4/2016, de 3 de juny, a la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, s’entendran efectuades a la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, en el cas del segon paràgraf del preàmbul de l’orde, i a l’article 51 de la Llei 4/2023, de 13 d’abril, de la Generalitat, de participació ciutadana i foment de l’associacionisme de la Comunitat Valenciana, en els casos del paràgraf nové del preàmbul i de l’article 21 de l’orde.»

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ANALISIS:

Disposiciones generales. Objeto

Características de las ayudas

Procedimientos de concesión y de gestión de las subvenciones

ANEXO I: Contenido mínimo del Acuerdo de Prestación de Servicios de Asesoramiento

ANEXO II: Consideración de empresa en crisis

ANEXO III: Anuncio de Adhesión al Programa

ANEXO IV: Categorías de Servicios de Asesoramiento

ANEXO V: Modelo de Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés

   ANEXO VI: Acuerdo y Cesión de Tratamiento

TEXTO ORIGINAL

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MODIFICA:

La Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU (Programa Kit Digital).

 OBJETO DEL PROGRAMA:

I. Sitio web y presencia básica en internet.

II. Comercio electrónico.

III. Gestión de redes sociales.

IV. Gestión de clientes.

V. Business intelligence y analítica.

VI. Gestión de procesos.

VII. Gestión de la facturación y factura electrónica.

VIII. Servicios y herramientas de oficina virtual.

IX. Comunicaciones seguras.

X. Ciberseguridad.

XI. Presencia avanzada en internet.

XII. Marketplace.

XIII. Servicio de Ciberseguridad Gestionada.

XIV. Gestión de clientes con IA asociada.

XV. Business Intelligence y analítica e IA asociada.

XVI. Gestión de procesos con IA asociada.

XVII. Puesto de trabajo seguro

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